Acceso Libre
Entrevista: Andrea Meza
Autor: Lucy Calderón, Periodista
*Fotografías: Andrea Meza 2017
Convertirse en un país carbono-neutral, es decir, con cero emisiones netas de Gases de Efecto Invernadero (GEI) –que ocasionan el calentamiento global- o que tiene un balance entre sus emisiones y sus acciones de reducción y compensación es la meta que para el 2021, el año de su bicentenario, se trazaron los costarricenses.
Para conocer cómo esperan alcanzar la meta y los retos que esta conlleva, conversamos con Andrea Meza, abogada de profesión y con un postgrado en desarrollo local, quien lidera la Dirección de Cambio Climático (DCC) adscrita al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), bajo la cual funciona el Programa País Carbono Neutralidad.
Dicho programa es la iniciativa gubernamental para la oficialización de los procesos relacionados con el reporte de inventarios de emisiones y la aplicación de la Norma Nacional de Carbono Neutralidad.
Meza tiene amplia experiencia en la formulación, implementación y seguimiento de proyectos y de políticas públicas. Apoyó a la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo en la elaboración de una parte de la estrategia regional de cambio climático y ha trabajado en varios países de América Latina en temas relacionados con transporte limpio, ordenamiento territorial y la agenda climática.
¿En qué consiste el Programa País?
Este programa fue diseñado para apoyar a actores no estatales para que se involucren en el cumplimiento de la meta trazada; a quienes participen y cumplan con los requisitos para ser carbono neutrales se les entrega un reconocimiento por parte del MINAE.
Nueva Zelandia y Costa Rica son los únicos países en el mundo con programas en carbono neutralidad que entregan un reconocimiento estatal a quienes cumplen con el mismo, comenta Meza.
Para obtener la marca C-Neutral, las empresas interesadas deben medir las emisiones de su proceso operativo –porque se certifican procesos, no productos- con el objetivo de saber cuánto están emitiendo y elaborar un plan para mitigar.
Luego, proponen una serie de reducciones de GEI y los que no puedan reducir, deben compensarlos comprando las denominadas Unidades Costarricenses de Compensación (UCC), las cuales se utilizan en el marco del fondo de financiamiento forestal para reforestar o seguir protegiendo a los grandes sumideros de carbono que son los bosques. Estas UCC también pueden ligarse a proyectos innovadores de reducción de emisiones y de eficiencia energética para alcanzar la carbono-neutralidad.
El programa está abierto a distintos tipos de organizaciones y aunque a la fecha ha habido más participación del sector privado, llegando a casi a 100 organizaciones, cada vez hay más variedad, asegura Meza.
Por ejemplo, un fondo de pensiones vinculado con el magisterio nacional, que recibió capacitación y completó el proceso de carbono-neutralidad, cofinanció junto con una empresa privada, a una escuela pública rural que hace poco se certificó como C-Neutral.
Aquí lo interesante es que tenemos una alianza público-privada en la que participan instituciones grandes y ellas junto con nosotros y Naciones Unidas hemos desarrollado un proceso para que pequeñas y medianas empresas puedan participar, indica Meza.
Otro de los incentivos que estamos tratando de ligar para proveedores del Estado es que si ya tienen su reconocimiento C-Neutral, obtengan un puntaje adicional en las licitaciones; así fomentamos las compras verdes, añade Meza.
“No se trata de reducir emisiones solo porque sí. También tenemos un compromiso moral hacia fuera, porque vivimos en una región vulnerable y creemos que para poder exigir que los grandes emisores reduzcan sus GEI nosotros también tenemos que hacer nuestro esfuerzo”.
¿Al ser la meta C-Neutral un programa de país, aun cuando haya cambio de gobierno, este tendrá continuidad?
Hay normativa emitida con la que se echó a andar el programa que si bien se puede revertir, porque es potestad del Ejecutivo, considero que es un programa bastante exitoso, que le gusta a la gente.
Además, se tiene la visión de consolidar políticas públicas de mediano y largo plazo como una manera de involucrar a los actores. Estamos en una nueva fase, en una serie de ajustes para fomentar que más empresas pequeñas participen, incluso, de hacer un diseño específico para reconocer municipalidades como C-Neutrales.
¿Cómo se logra que los alcaldes comprendan la importancia de la temática ambiental y de dónde obtendrán los fondos para hacer los cambios que necesiten?
El proceso de trabajo con las municipalidades es todavía un reto en Costa Rica, pero estamos buscando las mejores alternativas. Creemos que generar un esquema de reconocimientos es una forma de fomentar que los alcaldes se involucren y hay muchas municipalidades que se han acercado al programa y se muestran interesadas porque tienen buenas ideas y proyectos.
Las municipalidades manejan fondos y cuando reciben la orientación adecuada para que esos recursos los direccionen a obras que mejoren la movilidad y el transporte, por ejemplo, entonces es más factible que las hagan.
Nosotros a nivel central estamos tratando de alinear presupuestos del nivel nacional y canalizar fondos de la cooperación internacional para impulsar a aquellas municipalidades que promueven este tipo de visión.
¿Cómo garantizan que los Organismos Verificadores y Validadores (OVVs) de los inventarios de GEI hagan su trabajo con transparencia?
Todo está en el marco del sistema de la calidad y es el Ente Costarricense de Acreditación el que los autoriza.
Nosotros recibimos los informes de los OVVs y tiene que haber una especie de proceso genérico, de control cruzado, al azar, para garantizar que los procesos de verificación estén bien hechos.
Por supuesto, en toda la gestión pública, la transparencia es un reto. Pero en la DCC tenemos un equipo motivado, con la visión país de procesos de mediano y largo plazo y esto ayuda mucho a generar compromiso por parte del Estado; además, operamos bajo una serie de controles que ayudan a que las cosas se estén haciendo bien.
Según su experiencia, qué plantea mayores retos: formular políticas públicas o implementarlas?
A nivel climático la formulación tiene que cumplir dos requisitos. Ser multisectorial (varios sectores) y multidimensional (distintas entidades a nivel local y nacional). Esto siempre es un reto, conlleva mucho esfuerzo de coordinación y claramente la implementación siempre es difícil sobre todo cuando son políticas nuevas o que significan cambios en el status quo.
¿Cómo se construye ciudadanía amigable con el ambiente?
Creo que todavía nos falta, pero haber lanzado la meta de carbono neutralidad y que en el país se sienta como algo positivo y que la gente se identifique con ella, genera buenas condiciones para que el sector privado y las organizaciones de base se quieran comprometer. Al final la gente desea que Costa Rica destaque, que siga siendo líder y haber definido esa meta ayuda.
Lo otro, es hacer trabajo de comunicación, de rendición de cuentas.
Falta poco para el 2021. ¿Llegarán a ser cabono-neutrales?
Cuando se definió la meta de ser carbono-neutrales se hizo enfocándose en el esfuerzo de compensación, a mantener bien la cobertura forestal a nivel país. Además, es una meta voluntaria, para generar condiciones que incentiven a la población a hablar del tema y en eso vamos bien.
El reto nuevo y grande es empezar a hablar de descarbonizar la economía. Esta es la meta que nos trazamos en nuestra contribución nacional al 2030; es nuestra meta relevante, importante y vinculante frente a la comunidad internacional y que se llevó al Acuerdo de París.
Es una meta ambiciosa de consolidar un nuevo modelo de desarrollo, bajo en emisiones y resiliente al cambio climático. Y ese nuevo modelo requiere un esfuerzo de innovación importante, en nuestro caso, de mejorar las ciudades para una movilidad sostenible.
Queremos electrificar el transporte en las ciudades y en el área rural consolidar esquemas productivos bajos en carbono y sin dañar la cobertura forestal.
¿Cuáles son los impactos locales e internacionales de convertirse en C-Neutrales?
Entre los beneficios locales está mejorar nuestro modelo de desarrollo que tiene una serie de ineficiencias.
Nuestra mayor fuente de emisiones es el transporte, el cual nos está generando problemas en la calidad del aire que respiramos, con fuerte incidencia en enfermedades respiratorias, que afectan sobre todo a poblaciones de niños y adultos mayores, las más vulnerables.
Esa congestión nos está llevando a perder casi un 2 por ciento de nuestro Producto Interno Bruto (PIB) por costos asociados a la misma y más de 1 por ciento del PIB en enfermedades respiratorias.
Los datos son grandes a nivel de impacto económico, porque es un tema de eficiencia, de mejorar nuestro modelo de ciudades para que sigan siendo competitivas a nivel internacional.
¿Cómo cree que los demás países centroamericanos podrían seguir su ejemplo?
Cada país tiene sus condiciones, sus particularidades, pero todos podemos aprender de todos. Lo cierto es que primero sí debe darse un mensaje político claro a los actores públicos y privados de que hay un compromiso serio con la implementación de las contribuciones nacionalmente determinadas, porque hacerlo muchas veces alinea las cosas.
Yo insisto en que el sector privado y la inversión privada no le teme a las nuevas regulaciones, lo que quiere muchas veces es claridad y si un Estado da normas y reglas claras y evita la corrupción, funciona.
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